Bernardo Navarrete, presidente del Consejo para la Transparencia: “Nos dimos cuenta que en Chile sí había corrupción, el debate es si es sistémica, puntual o esporádica”

Una positiva recepción tuvo en el Consejo para la Transparencia (CPLT) la presentación por parte del Gobierno del proyecto que moderniza la legislación que regula la gestión de intereses o lobby, la cual será perfeccionada luego de una década. Sin embargo, el presidente de la instancia, Bernardo Navarrete, plantea tomar una serie de medidas adicionales para fortalecer la regulación y llama a no descuidar la necesaria mayor probidad en los actos de municipios en un año electoral.

El punto de partida es el contraste que advierte respecto a que Chile no es considerado un país corrupto desde el exterior, pero la ciudadanía sí está inquieta por los constantes casos de faltas a la probidad.

“Necesitamos un Portal de Transparencia 2.0 que sea interoperable, que permita a las personas sumar información y un control social mucho más específico”.

- ¿Qué destacaría del proyecto de ley de lobby 2.0?

- Es valorable, después de 10 años de implementación de una ley que no tiene sanciones y que ha presentado debilidades.

El lobby es una actividad pagada, reconocida como tal, influyente, importante en muchas democracias, pero que mal usada es un camino corto de influencia directo a los tomadores de decisión, que pone en desventaja al ciudadano común y corriente que se agrupa buscando también influir en políticas que considera importantes. De estas asimetrías de información, de acceso, no se hicieron cargo en el diseño inicial de la política y esta reacción del Ejecutivo es importante.

Hay que tener presente que esto también es una reacción a una situación que era evidente, Chile en la OCDE estaba incumpliendo varios de los requisitos básicos que estos organismos internacionales exigen en términos de estándar. Aquí lo clave es el tiempo que demorará su tramitación. El desafío es cómo armonizar esa estrategia legislativa para que priorizando la Ley de Lobby, no olvidemos también que tenemos otros proyectos de transparencia como la Ley de probidad municipal, que es de urgencia incluso anterior a la Ley de Lobby, porque enfrentamos un año electoral.

- ¿Cómo recibe las nuevas atribuciones y responsabilidades para el CPLT?

- Las capacidades institucionales las tenemos, también tenemos un portal que el año pasado recibió 7,5 millones de visitas, 40 millones de visitas desde 2013 y, por lo tanto, es un portal que tiene la capacidad para absorber un trabajo directo. No obstante ello, tenemos que mejorarlo como tal, porque también administramos el Infolobby, que depende del ministerio General de la Presidencia, pero tecnológicamente tenemos que integrarlos. Ese proceso de integración es el que requiere incorporar también nuevas tecnologías. Tenemos que avanzar ya no tanto en los 345 municipios, las 16 gobernaciones, los 24 ministerios, los 168 servicios, sino que cómo integramos esa información. Necesitamos esa discusión con la Dirección de Presupuestos para pensar en un portal de transparencia 2.0, que sea interoperable, que permita a las personas sumar información y un control social mucho más específico.

- En municipios se aumentan controles, pero ¿a qué se debe que todo el tiempo conocemos delitos ligados a corrupción?

- Tenemos tal entramado de leyes y normas que regulan la función pública que conlleva un difícil seguimiento y control. ¿Por qué nos sorprende tanto la corrupción o problemas de integridad pública en los municipios? Por la misma razón de que, a veces, nos olvidamos que es la principal ventanilla de atención del Estado, son los grandes implementadores de las políticas.

Entonces, es mucho el dinero y si agregamos el tema de las corporaciones con mayor razón. Hay que pensar que varias de las corporaciones se crearon en los ‘80, pero recién hace un año y medio -a través de un dictamen de la Corte Suprema y de la Contraloría General de la República-, pudimos empezar nosotros a supervisar y a controlar el gasto. Las personas pasaron a darse cuenta que en las corporaciones que presidía el alcalde habían dobles contratos, que los sueldos comparados con los de un funcionario de municipio eran sustantivos.

- ¿Considera que Chile es un país corrupto?

- Las encuestas de la OCDE y otras internacionales nos muestran que la percepción sobre la corrupción en Chile es muy baja y que Chile no es un país corrupto, entendiendo eso sí que todos los países tienen niveles de corrupción.

El problema que estamos teniendo es que cuando se empezó a disponer de información, cuando los periodistas empezaron a investigar esta principal ventanilla del Estado, nos dimos cuenta que sí había corrupción y el debate es si esa corrupción es sistémica, es puntual o esporádica.

- ¿A nivel interno la gente está preocupada por el alza en casos de corrupción?

- Si le pregunto a los chilenos la percepción que tienen sobre la corrupción, van a decir que Chile es un país corrupto. La quinta preocupación de los chilenos -medida en la encuesta del Centro Estudios Públicos-, es la corrupción, donde la primera es la seguridad pública; y cuando la seguridad pública es primera y la corrupción es cinco, tenemos un problema, porque -si se juntan- nos van a causar un daño institucional enorme.

Cuando la percepción internacional se acerque a la que tienen los chilenos, entonces, es posible que cada vez que viajemos nos van a mirar con mayor atención los pasaportes, cada vez que hagamos tratados comerciales nos van a poner cláusulas un poco más complejas de supervigilancia; etc.